Crisógono Sánchez Lara informó que no se han detectado casos de trabajadores obligados a laborar horas extras; las multas a empresas derivan principalmente de irregularidades en sus registros y documentación.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS) no ha detectado, hasta el momento, casos de trabajadores obligados a realizar horas extras en contra de su voluntad, informó su titular, Crisógono Sánchez Lara. Explicó que algunas empresas han recurrido a jornadas extraordinarias para atender sus necesidades de producción y operación, aunque señaló que estas deben realizarse conforme a las disposiciones legales y sin vulnerar los derechos de los empleados.
El funcionario destacó que el trabajo extraordinario debe ser remunerado de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral, con pagos dobles o triples, según corresponda. Añadió que, hasta ahora, la dependencia no ha recibido reportes de trabajadores que hayan sido forzados a cumplir con estas jornadas, por lo que no se han aplicado sanciones relacionadas específicamente con esta práctica.
En contraste, indicó que sí se han impuesto sanciones a empresas por incumplimientos administrativos, principalmente por no contar con su documentación en orden y presentar irregularidades en el registro de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas omisiones representan faltas a las obligaciones patronales y pueden derivar en multas económicas.
Sánchez Lara explicó que, cuando la autoridad detecta inconsistencias en los expedientes de una empresa, se le otorga un plazo de cinco días para corregirlas y regularizar sus documentos. Sin embargo, advirtió que aquellos empleadores que no atienden los requerimientos dentro del tiempo establecido pueden ser sancionados económicamente, conforme a los procedimientos correspondientes.
Finalmente, el titular de la STPS señaló que las multas se turnan a la Secretaría de Finanzas para su seguimiento y cobro. Reiteró que la dependencia mantiene acciones de supervisión para verificar que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales, particularmente en materia de documentación y registro de sus trabajadores, a fin de garantizar el respeto a sus derechos.
