El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, Crisógono Sánchez Lara, informó que la dependencia otorga un plazo de cinco días hábiles para subsanar irregularidades antes de proceder a la aplicación de sanciones económicas
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, Crisógono Sánchez Lara, informó que la dependencia estatal mantendrá un procedimiento firme y estricto de inspección para garantizar que los patrones respeten los derechos de la clase trabajadora en los 58 municipios del estado. A pesar de operar actualmente con un déficit de personal y contar únicamente con cinco inspectores de los 16 necesarios, la institución ha enfocado sus esfuerzos en atender con oportunidad cada queja o inconformidad recibida de manera directa o mediante los canales digitales.
El funcionario detalló que el protocolo de inspección inicia cuando un empleado interpone un reporte formal sobre el incumplimiento de sus derechos básicos, tales como la falta de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la no aplicación del salario mínimo vigente o la inobservancia de nuevas normas como la «ley silla». Durante la diligencia, la autoridad laboral requiere a la empresa la presentación completa y en regla de la documentación que acredite la correcta relación laboral con cada uno de sus colaboradores.
Sánchez Lara enfatizó que la ley contempla una etapa de conciliación preventiva en la que se otorga a los centros de trabajo un periodo de cinco días hábiles posteriores a la inspección para subsanar cualquier anomalía detectada. Este mecanismo busca incentivar la regularización voluntaria de los patrones sin afectar la productividad; sin embargo, en caso de omisión o reincidencia, la secretaría procede de inmediato a la imposición de multas económicas coercitivas.
Respecto al monto de las penalizaciones, el titular de la STPS advirtió que la sanción hacienda asciende a aproximadamente 18,000 pesos por cada trabajador que se encuentre en situación irregular dentro de una empresa. Explicó que esta cifra puede incrementarse considerablemente en centros de trabajo con plantillas de 60, 100 o más empleados, convirtiéndose en un recurso disuasivo de alto impacto que posteriormente se turna a la Secretaría de Finanzas para su cobro.
Finalmente, el secretario adelantó que continuarán gestionando un incremento en el presupuesto de la dependencia ante el Congreso del Estado para contratar a más inspectores durante el próximo ejercicio fiscal. Con ello, se busca ampliar la presencia del personal de campo en la zona rural y ganadera, fortaleciendo el cumplimiento de la ley y previniendo la contratación irregular de menores de edad o la vulneración del patrimonio de los trabajadores potosinos.
