No cuentan con una garantía del pago total de las mismas por la temporalidad de los créditos y factores como el riesgo de la pérdida del empleo.
Olga Espitia Lanuza, presidenta local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), informó que las nuevas medidas implementadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para facilitar el acceso a créditos a los trabajadores que perciban entre uno y dos salarios mínimos, presuponen riesgos que se deben de considerar para acompañarlos de políticas públicas que eviten el fracaso de estas medidas.
“Una de las eventualidades a tomar en cuenta es que, por lo general, las viviendas consideradas de bajo costo o interés social se ubican en zonas periféricas, lejos de centros comerciales, escuelas, hospitales o hasta de los centros de trabajo; lo que genera complicaciones en temas de movilidad que, a mediano o largo plazo, genera el abandono de las casas que se compraron por el gasto que representa cubrir los créditos y pagar por los traslados requeridos”, indicó.
La empresaria, señaló que estas viviendas con precios económicos que oscilan entre los 580 y los 700 mil pesos, si bien cuentan con un menor número de requisitos para su adquisición como que sea el primer crédito, contar con un empleo formal continuo al menos por los últimos seis meses, y percibir entre uno o dos salarios mínimos. No cuentan con una garantía del pago total de las mismas por la temporalidad de los créditos y factores como el riesgo de la pérdida del empleo, lo que deriva en la falta de cotización y con el tiempo en la retirada de las propiedades.
Finalmente Espitia Lanuza, mencionó que las expectativas del sector inmobiliario para el próximo año, el programa de Vivienda para el Bienestar ayudará a explotar la construcción de casa de interés social, sin embargo, son varios los factores que se deben de cuidar para que estos proyectos puedan concretarse satisfactoriamente.
