No existen plazos legales para resolver investigaciones administrativas, señala la titular del área.
La contralora interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gabriela López y López, informó que continúan en análisis diversos procedimientos administrativos derivados de inconsistencias detectadas en la integración de expedientes de algunos servidores públicos, los cuales son revisados de manera individual por la unidad investigadora para determinar si existe o no responsabilidad administrativa.
La funcionaria explicó que, en materia de responsabilidades administrativas, la legislación no establece un plazo específico para la conclusión de las investigaciones, ya que cada caso presenta características particulares. Detalló que únicamente aplican los periodos de prescripción, que son de tres años para faltas no graves y hasta siete años para faltas consideradas graves.
Sobre el número de personas separadas de sus cargos como resultado de estos procesos, López y López precisó que esa información debe ser proporcionada por Oficialía Mayor, a través del área de Recursos Humanos, al ser la instancia facultada para dar cifras oficiales en ese rubro.
En cuanto al caso conocido como Rich, la contralora confirmó que los procedimientos administrativos ya concluyeron y derivaron en sanciones que van de seis meses a un año, conforme a lo establecido en el marco normativo municipal. Sin embargo, aclaró que no puede detallar a qué funcionarios se les aplicaron dichas sanciones, ya que los expedientes se encuentran sujetos a revisión por parte del tribunal correspondiente.
Respecto a la demanda por daño moral que se ha mencionado, por un monto cercano a los 300 millones de pesos, indicó que la Contraloría Interna no interviene en ese proceso legal, el cual está a cargo de las áreas jurídicas del Ayuntamiento, como Sindicatura y Asuntos Jurídicos.
Finalmente, Gabriela López y López destacó que del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2025, la Contraloría Interna Municipal ha emitido 320 resoluciones y aplicado 399 sanciones, entre ellas inhabilitaciones, amonestaciones, suspensiones y cancelaciones de nombramientos, información que —subrayó— es pública y puede consultarse tanto en la página oficial del Ayuntamiento como en la del Sistema Estatal Anticorrupción.
