El alcalde capitalino consideró que la eliminación de la norma representa un reconocimiento del error legislativo y planteó que las personas perjudicadas deben recibir una indemnización.
La derogación de la legislación que generó críticas por presuntas afectaciones a la libertad de expresión fue celebrada por el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien aseguró que la decisión del Congreso del Estado constituye un triunfo para los derechos fundamentales. Destacó que la votación unánime, incluida la del diputado José Serrano, promotor de la iniciativa, evidencia el reconocimiento de que la norma no debía mantenerse vigente.
El edil señaló que, aunque el Ayuntamiento no fue convocado a la sesión en la que se aprobó la derogación y cuestionó que esta se realizara bajo un formato cerrado y con modificación de horario, esos aspectos pasan a segundo plano frente al resultado alcanzado. Sin embargo, advirtió que será necesario vigilar las futuras iniciativas para evitar que una nueva legislación represente mayores restricciones a la libertad de expresión.
Galindo sostuvo que la derogación equivale a aceptar que la ley publicada vulneró derechos humanos, por lo que, además de eliminarla, las autoridades deben asumir las consecuencias de los daños ocasionados. En ese sentido, consideró indispensable reparar a quienes enfrentaron procesos derivados de la aplicación de esa disposición.
Precisó que las afectaciones no se limitaron a las tres personas que fueron encarceladas, sino que también alcanzaron a otras al menos 13 personas sujetas a investigaciones, así como a sus familias, medios de comunicación y negocios. Añadió que muchos de ellos tuvieron que contratar representación legal, promover recursos de amparo y enfrentar semanas de incertidumbre, lo que, dijo, generó un daño moral que no debe ignorarse.
Finalmente, el presidente municipal afirmó que existe sustento jurídico suficiente para proceder con las indemnizaciones y sostuvo que la derogación debe traducirse en acciones concretas de reparación. Afirmó que, de depender de él, instruiría el pago de compensaciones a todas las personas afectadas por una legislación que, aseguró, intentó limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
