El diputado del PAN advierte que la propuesta no combate la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
El diputado local Rubén Guajardo Barrera criticó el denominado Plan B de la reforma electoral impulsada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al señalar que se trata de una propuesta “burda” que, dijo, evidencia la falta de separación entre el gobierno federal y el partido en el poder. El legislador cuestionó que dirigentes partidistas presentaran el posicionamiento desde la Secretaría de Gobernación.
El integrante del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que el uso de instalaciones gubernamentales para promover una postura política representa, a su juicio, un abuso de recursos públicos. Señaló que estas acciones refuerzan la percepción de que el partido en el poder mantiene prácticas autoritarias al mezclar funciones de gobierno con actividades partidistas.
Guajardo Barrera recordó que la propuesta de reforma electoral fue discutida recientemente en el Congreso de la Unión, donde finalmente no fue aprobada. Explicó que la bancada panista votó en contra al considerar que la iniciativa no atiende el principal riesgo que enfrenta actualmente la democracia mexicana: la participación del crimen organizado en los procesos electorales.
El legislador advirtió que en diversas regiones del país los ciudadanos enfrentan presiones o amenazas para votar, lo que limita la libertad del sufragio. Señaló que la propuesta impulsada por Morena no contempla mecanismos como la nulidad automática de elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado, ni medidas efectivas de protección para candidatos y votantes.
Finalmente, desde San Luis Potosí, el diputado reiteró que el PAN se opondrá a cualquier intento de aprobar el Plan B mediante reformas a leyes secundarias. También cuestionó los argumentos de ahorro presupuestal en los congresos locales, al señalar que el presupuesto del Congreso del Estado de San Luis Potosí representa apenas una fracción mínima del gasto estatal, por lo que consideró que las reglas democráticas no deben modificarse por conveniencia política.
