Jenny Althair Rivas Padilla señaló que la falta de un padrón nacional y de disposiciones obligatorias dificulta la supervisión de quienes se dedican a la promoción y comercialización de inmuebles.
La falta de regulación efectiva mantiene un importante desafío para el sector inmobiliario mexicano, donde miles de personas realizan actividades de promoción y venta de propiedades sin pertenecer a una organización profesional. Así lo señaló Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien consideró necesario fortalecer los mecanismos de registro, supervisión y profesionalización de esta actividad.
Indicó que, aunque no existen cifras oficiales que permitan conocer con exactitud la dimensión de la informalidad, los registros extraoficiales estiman que alrededor de 500 mil personas participan en alguna actividad inmobiliaria en el país. En contraste, AMPI agrupa actualmente a 7 mil 200 profesionales distribuidos en distintas entidades, lo que evidencia el reto de incorporar a más participantes a esquemas de profesionalización.
La dirigente recordó que la asociación cumple 70 años de trayectoria en México y que durante este tiempo ha impulsado la capacitación y preparación de quienes se dedican al mercado inmobiliario. No obstante, consideró que las 24 leyes estatales existentes en la materia todavía presentan limitaciones, debido a que no todas contemplan disposiciones obligatorias para quienes ejercen esta actividad.
Ante este panorama, destacó la importancia de impulsar un padrón nacional de profesionales inmobiliarios, iniciativa que ya ha sido planteada por un legislador de San Luis Potosí. Explicó que, aunque no necesariamente implica crear una nueva legislación, contar con un registro permitiría identificar a quienes participan en el sector y avanzar hacia mejores condiciones de ordenamiento.
Rivas Padilla agregó que la regulación debe incluir mecanismos de vigilancia y sanciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, pues consideró que únicamente mediante reglas obligatorias será posible disminuir la informalidad. Además, señaló que estas medidas contribuirían a generar mayor confianza y seguridad para las personas que realizan operaciones de compra, venta y renta de inmuebles.
