Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje acelera su liquidación tras la reforma laboral

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Con más de 70% del rezago abatido, el organismo espera cerrar el año con un avance del 90% en la resolución de expedientes.

El presidente de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí, Adrián Ibáñez Esquivel, informó que el cierre del organismo avanza conforme a lo previsto desde la reforma laboral de 2016, que ordenó la desaparición gradual de las juntas en todo el país. Recordó que San Luis Potosí dejó de recibir nuevas demandas laborales desde noviembre de 2020, cuando la atención pasó formalmente al Tribunal Laboral, permitiendo concentrarse exclusivamente en el rezago histórico.

Ibáñez Esquivel explicó que las tres juntas especiales ubicadas en Rioverde, Matehuala y Ciudad Valles fueron clausuradas hace tres años y que, a la fecha, se ha logrado reducir alrededor del 70% de los expedientes acumulados. Aunque el avance ha sido significativo, aún permanecen alrededor de 1,800 asuntos activos en trámite y aproximadamente 12 mil más en etapa de ejecución, que representan la parte más tardada del proceso debido a la intervención de las partes involucradas.

El titular señaló que, si el ritmo actual se mantiene, al cierre de este ejercicio podrían concluirse hasta el 90% de los casos que continúan vigentes. Sin embargo, aclaró que no existe una fecha límite establecida para la desaparición total de la Junta, ya que su avance depende de que trabajadores y patrones promuevan las acciones necesarias para ejecutar las resoluciones pendientes.

Además, mencionó que algunos expedientes llevan entre cinco y quince años abiertos, ya sea porque siguen registrando movimientos o porque las partes no solicitan la prescripción, manteniéndolos técnicamente vivos. Otros casos resultan imposibles de ejecutar, como aquellos en los que los patrones ya no existen o cuando se ordena la incorporación retroactiva al Seguro Social, procesos que requieren trámites prolongados.

Ibáñez Esquivel subrayó que la Junta Local atiende una gran variedad de demandas, desde pequeños comercios y talleres hasta empresas de mayor tamaño, lo que complica aún más el desahogo del rezago. Pese a ello, aseguró que el organismo continúa avanzando para cerrar definitivamente sus actividades conforme lo establece la ley.

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